En dicho texto se reconoce el trascendental papel de las entidades de iniciativa social, definidas en el mismo, en la prestación de los servicios sociales a las personas más vulnerables.

 

Se contempla asimismo el dotar a las entidades de iniciativa social de un estatuto propio que fortalecerá las relaciones entre las Administraciones Públicas y las entidades y se establece el concierto social como modalidad diferenciada, con respecto a la modalidad contractual del concierto general recogida en el Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público.

 

La reforma ofrece, además, un ámbito propio a los convenios con las entidades de iniciativa social y mantiene el régimen de financiación pública de la iniciativa social mediante subvenciones a la actividad de las entidades.

 

Es de resaltar la inclusión de una Disposición transitoria que recoge la posibilidad de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios por parte de las entidades que los venían prestando a las personas usuarias con anterioridad a la publicación de esta ley pues mientras no se dicte la correspondiente normativa de desarrollo, se prorrogarán aquellos conciertos vigentes en la fecha de entrada en vigor de la misma.

 

Es por lo que el CERMI Asturias apoya dicho documento y solicita formalmente, para su aprobación definitiva en la Junta General del Principado de Asturias, el apoyo unánime de los grupos parlamentarios.

 

Con la aprobación de esta ley y el posterior reglamento que la desarrolle, se dará luz verde al “Concierto Social' reforzándose las relaciones entre la Administración y las entidades del Tercer Sector, y enriqueciéndose la calidad de gestión de los servicios y prestaciones sociales, para la obtención de un mayor bienestar social y calidad de vida, evitando la exclusión social y dando una respuesta rápida y eficaz a las necesidades no sólo de las personas con discapacidad y sus familias, sino de la ciudadanía en general.

 

El CERMI Asturias es la plataforma unitaria de acción representativa y consultiva, creado en 1999 para defender los derechos e intereses de más de 20.000 personas con discapacidad y sus familias, y con ello lograr su participación plena en la vida social de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.